Venas del Sur tiene la obligación de expresar.
El juez que entiende en la causa dio a conocer que citaba a declaración indagatoria al vicepresidente para el día 15 de julio, día en que la primera mandataria estaba fuera del país en la cumbre de los BRICS, en Fortaleza, Brasil. El juez cita a quien, por su cargo, nuestra Constitución determina, es quien preside la Nación en ausencia de la presidenta. El juez lo sabía, no había necesidad de que fuera en esa fecha. Y que no había necesidad lo demuestran los hechos, en tanto que, ante el pedido del Vicepresidente la fecha se adelantó al 9 de junio. El mensaje no perdió eficacia: a los políticos los legitima el pueblo, pero los jueces (no todos, desde ya) se legitiman a sí mismos.
La causa en la que se ve involucrado el Vicepresidente se inició a partir de la investigación judicial basada en lo que se dijo en un programa de radio de la tarde. Tiene un origen mediático que fue eficaz en la construcción del “relato” por la masividad y reproducción del medio.
Amado Boudou pidió que la audiencia con el juez fuera registrada en forma audiovisual y taquigrafiada, a lo que el juez se negó a pesar de que el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación Argentina de Fiscales no encontrara objeción a que se grabe como resguardo el acto de la indagatoria.
Nos preocupa que una investigación judicial pueda inducirse, meramente, por lo dicho en un medio de comunicación de posición dominante, pero a pedido de la parte denunciada por ese medio, se niegue la posibilidad de utilización del mismo recurso tecnológico como contrapartida. Esta es una discusión que podría ser banal, en tanto que, no se debe comparar un medio de comunicación con un poder del Estado (el Judicial) lo concedemos.
Con todo, ante el pedido de una posible “publicación” de lo sucedido en el acto judicial por parte del vicepresidente “indagado” y la negativa del juez “indagante” y teniendo en cuenta que si se publicara no habría lesión del derecho a terceros, Venas del Sur toma partido por el Vicepresidente de la Nación, pues es quien representa en su puesto al pueblo, y es al pueblo a quien se le niega el derecho a informarse en todo lo que sea posible sobre la acción de quienes lo gobiernan, sobre todo en temas que son de interés público siendo obligación de los poderes del Estado difundirlos. Queda claro que si se permite una sola voz (la de los medios dominantes) y se obtura la posibilidad de escuchar lo que se le opone; deja en evidencia la falta de objetividad e independencia de la que hace gala parte del poder judicial mostrándose como un aliado necesario del poder real, económico y corporativo.
