La Restauración Conservadora y las políticas de Derechos Humanos

opinión. Agora...a 25/01/2010

Edgardo Pablo Bergna

Maximiliano Basilio Cladakis

La nota de Horacio Verbitsky que ayer publicó Página 12, no hace sino confirmar lo que venimos diciendo desde hace tiempo: lo que está en juego en la Argentina no es una mera disputa partidaria ni de diferencias menores o formales. Lo que en verdad está en juego son dos modelos de país diametralmente opuestos. Por un lado, el Proyecto Nacional y Popular encabezado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro, el modelo conservador-liberal del cual, desde la “centro-derecha a la “centro-izquierda”, son voceros los integrantes de la “variopinta” oposición.

   En la nota mencionada, Verbitsky realiza un informe sobre los lazos que el ex senador, devenido inexplicablemente en presidente, está tendiendo entre las fuerzas armadas, principalmente los sectores más conservadores, y entre los apologetas civiles de la última dictadura. Es sabido que el ex vicepresidente de Menem considera una aberración los juicios a los genocidas  llevados a cabo tanto por el actual gobierno como por el anterior. La frase que lanzó la semana pasada fue tajante: “se está humillando a las Fuerzas Armadas”. A esto hay que sumar, también, el plan de que las Fuerzas Armadas cumplan un rol que les veda la ley. Es decir, operar  en asuntos de “seguridad” interna. Lo que propone Duhalde es declarar el Estado de Emergencia Nacional y, tras realizar un censo de delincuentes juveniles (quien escribe se pregunta cómo se haría esto, qué método se emplearía para censar y discernir entre jóvenes “delincuentes” y jóvenes “no delincuentes”), someter a estos últimos a una conscripción obligatoria.

   Esto señala que la Restauración Conservadora no es un “invento” de Carta Abierta como se dice desde algunos medios. Sin embargo, si, en un primer momento, alguien pudo haber pensado que dicha restauración versaba solamente en un sentido estrictamente económico, se equivoca. No se trata únicamente de un regreso al neoliberalismo noventista. Por el contrario, se trata también de terminar con la “demonización” que “este Gobierno” ha realizado de la última dictadura. No es algo aleatorio que ambos deseos vayan unidos. Las políticas de derechos humanos, al menos en nuestro país, se corresponden necesariamente con las políticas económicas.

   En nuestra historia, las Fuerzas Armadas han sido siempre la fuerza de choque de las corporaciones económicas, tanto nacionales como extranjeras. Cada golpe de Estado, se trate del año ´30, del año ´55, o del año ´76, han tenido como fin asegurar el mantenimiento del modelo económico conveniente a los intereses de la oligarquía vernácula y del capital financiero transnacional. Por lo tanto, si ha habido una política revolucionaria llevada a cabo por los dos últimos gobiernos, esta ha sido la política de derechos humanos. No sólo por ser las más avanzadas del continente, sino también por representar un giro de ciento ochenta grados en lo que hace a la lectura política de la historia argentina.

   Sin lugar a dudas, el juicio a las juntas llevado a cabo durante el alfonsinismo representó un antecedente importante. Si bien sólo se enjuició a las Fuerzas Armadas, el contexto ideológico-cultural responsabilizaba a los actores civiles de la Dictadura (como, por ejemplo, se ve en La República Perdida). Sin embargo, existía cierta ambigüedad al respecto. No hay que olvidar la “teoría de los dos demonios” y la intransigencia con respecto a la insurrección armada, con la consiguiente falta de comprensión de las causas reales de la llamada “violencia política”. En este sentido, el kirchnerismo representó la superación de dichas ambigüedades, profundizando más en las causas económico-sociales que llevaron al genocidio y denunciando, también, a los actores civiles que participaron en este. Prueba de esto último, es que hasta un sacerdote fue juzgado y condenado.

    Esta alianza entre las clases dominantes y las Fuerzas Armadas hace que la profundización de las políticas de derechos humanos conlleve necesariamente al socavamiento del poder hegemónico de las primeras. Pues, al profundizar dichas políticas se desmorona la fantasía de que el genocidio fue obra de un “grupo de desalmados” que asaltó el poder convirtiéndonos en víctimas a todos los civiles. Por el contrario, se revela que los perpetradores físicos de los crímenes de lesa humanidad encontraban en determinados sectores sociales el aval para su tarea de muerte y terror, sectores que, a su vez, se vieron beneficiados por el modelo económico impuesto a través de secuestros, homicidios y torturas.

   En efecto, la  dinámica de las fuerzas en conflicto que constituyen nuestra historia, hacen que, de la misma manera en que un Gobierno de carácter progresista y popular necesariamente deba enfrentarse a los responsables del genocidio, los sectores dominantes y sus representantes políticos deban legitimar de alguna manera a estos últimos. Ceder o enfrentar al poder económico implica ceder o enfrentar a los crímenes realizados por el terrorismo de Estado, y viceversa. No es casual, por tanto,  que Alfonsín haya cedido a los grupos económicos, a  los que supo resistir en los primeros años de su mandato, casi instantáneamente después de establecer las leyes de “punto final y obediencia debida”; como tampoco es casual que Menem, quien gobernó diez años para estos grupos económicos, haya sido quien declarara los indultos a los represores.

   Los crímenes de lesa humanidad no fueron actos contingentes, sino que formaron parte de un plan estratégico para eliminar toda resistencia a un modelo económico que padecimos por décadas. Es por eso que los defensores actuales de dicho modelo necesitan salvaguardar el “honor mancillado” de aquellos que, en su momento, supieron ser útiles. Se trata de una lucha por la memoria histórica, memoria que no se agota en un modo de pensar el pasado, sino que se proyecta ineludiblemente sobre el presente, como así  también sobre el futuro. La Restauración Conservadora intenta legitimar el pasado para continuar legitimando ad eternum los intereses que representa.