Maximiliano Basilio Cladakis
Frente a la pregunta que sirve de título a este artículo, la respuesta espontánea de quien escribe es: “no, no hay que pagar la deuda” ¿Acaso es justo que se destinen, sólo en este año, más de seis mil millones de dólares al pago de una deuda cuya legitimidad es, en parte, dudosa mientras en el país resulta imperiosa la ejecución de planes y obras en beneficio de los más postergados, los cuales, aún cuando se hayan reducido en número, siguen siendo demasiados? ¿No se trata de algo que atenta, incluso, contra la más íntima convicción moral de aquellos que nos sentimos partícipes de una ideología de izquierda? ¡Que la deuda se la metan en el…!”, dan ganas de decir, no sin razón.
Sin embargo, las cosas no son tan simples. Hay veces (casi todas) en las que coyuntura nos impone su propia agenda y aquello que consideramos “justo” se transforma en un mero enunciado principista sin posibilidad de realizarse en la praxis. El debate actual real gira en torno de donde saldrán los fondos con que se pague la parte de la deuda que corresponde al 2010, no en torno a pagarla o no ¿Eso significa que estaremos siempre obligados entre dos polos que consideramos injustos y que siempre terminan beneficiando al capital financiero transnacional? Claro que no. La deuda, en una coyuntura histórica determinada, puede no pagarse. Ecuador es un ejemplo de ello. Hace unos meses, el Gobierno de Correa afirmó que no se pagaría una deuda que es considerada ilegítima. Se trata de una decisión política que acompaña la serie de transformaciones que se encuentra realizando el proceso iniciado en 2007.
Sin embargo, Argentina no es Ecuador. Si bien, tanto el Gobierno de uno como otro país, tienen una estrategia en común y se presentan como alternativas al modelo neoliberal que arrasó a América Latina durante más de una década, se dan coyunturas distintas. Dentro de esas coyunturas se presentan diferentes dilemas, propios de las distintas correlaciones de fuerzas como así también de los sectores sociales que se enfrentan en la lucha política. Con respecto a la deuda, en la Argentina, hay dos posiciones. Por un lado, la del Gobierno, que propone la utilización del excedente de las reservas del Banco Central como fondo de garantía para el pago. Por otro, la de la oposición político-mediática que plantea financiar la deuda a partir de la reducción del gasto público. La primera posición tiene como fin el desendeudamiento progresivo de la Argentina y generar una mayor apertura de los mercados, sin que el gasto público se vea reducido, sino que, por el contrario, se liberen fondos para la proyeccion de nuevas obras y planes de infraestructura. La segunda, en cambio, es un intento de regresar a las políticas de préstamos de los ´90, con ajuste incluido.
Cuando el “Grupo A” de la “centro-izquierda”, cuyo mayor representante es Pino Solanas, pide el “no pago” enuncia un discurso cuya principal característica es la imposibilidad de realizarse. Antes que nada, porque no cuenta con una fuerza política como para hacerlo. Eso hace que la única realización posible de su proclama sea el pago tal cual quiere realizarlo la derecha neoliberal. Puesto que si Pino Solanas presenta una denuncia judicial sobre la Presidenta de la Nación, junto a De Narváez y Carrio, y aparece su voz unida a la de la oposición neoliberal, es el neoliberalismo el que se realiza. El reclamo, “justo” en principio, de no pagar la deuda se realiza, en la praxis, pagando la deuda a partir de la reducción del gasto público.
La Biblia dice “por sus frutos os conoceréis”. Aún siendo ateos, la frase sirve para pensar la dinámica propia de la política. Pues, en esta, más que las principios pronunciados de manera magnánima, lo que valen son los actos. Y esos actos siempre se realizan en una determinada coyuntura. Lo que se debe pensar es qué es, dadas las posibilidades, lo que resulta más beneficioso para el Pueblo y, de seguro, el regreso a los ´90 no lo es.
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