Edgardo Bergna
Maximiliano Cladakis
El golpe de Honduras y su posterior intento de legitimación por medio de elecciones formalmente “democráticas” debe alertarnos sobre la nueva metodología empleada por el bloque histórico dominante para imponer sus intereses en América Latina. Hubo un antecedente (por suerte frustrado a los dos días): el que se perpetró contra el gobierno de Chávez en el 2002. En esa ocasión, al igual que en la acontecida en junio de este año, se trató de un golpe cívico-mediático, donde, si bien se contó con el apoyo de ciertos sectores del ejército, no se trato del clásico golpe militar.
La metodología golpista tradicional implicaba la insurrección de las fuerzas armadas contra el poder civil. Un general se sentaba en el sillón presidencial, se cerraba el Congreso, los comunicados se asemejaban a partes de guerra. Por lo general, la excusa era imponer orden por sobre el caos que regía a la sociedad civil y “defender” a la Patria de la infiltración marxista. La nueva metodología, que logró finalmente consolidarse en Honduras, implica un giro con respecto a esta forma de operar. El que se sienta en el sillón presidencial es un civil, no sólo el Congreso sigue funcionando sino que el golpe se intenta autojustificar por una supuesta defensa del Congreso y del consenso. El discurso ya no versa sobre el caos ni la amenaza marxista, sino sobre el autoritarismo y populismo del líder depuesto, como así también sobre los supuestos atropellos de este frente la forma de gobierno republicana.
Si bien la metodología anterior era en apariencia más violenta, precisamente en esto radica la ventaja estratégica de los nuevos golpes cívico-mediáticos. Cuando, a partir de un golpe de Estado, un representante de las fuerzas armadas se convertía en gobernante, su gobierno no tenía más legitimidad que la fuerza de las armas. Por el contrario, si bien, en el caso de Honduras, el gobierno de Micheletti tampoco encontraba muchas más razones para intentar legitimarse, sí las encuentra Lobo, su sucesor. Aún cuando haya habido una abstención de un setenta por ciento, se “respetaron” las formas “democráticas” y “constitucionales” para el ascenso al poder.
El bloque dominante, por tanto, ha logrado consolidar una estrategia sutil y compleja por la cual resguardar sus intereses ante cualquier intento de transformación socio-económica. Si un gobierno realiza políticas que reduzcan su poder hegemónico, se lo depone y se llama a elecciones lo más rápidamente posible. La dinámica de los hechos hace que quien salga electo no sea sino un empoderado de los intereses de los sectores dominantes. Por un lado, se realiza una proscripción del líder popular depuesto (e incluso el encarcelamiento de este), por otro, los sectores populares se niegan a participar, con razón, de la elección ya que ello implicaría la legitimación del golpe. La estrategia es perfecta: se realiza el golpe para luego hablar de “crisis política” y plantear que el único camino por el cual puede encontrarse una solución son las elecciones. Estas elecciones, por su parte, no hacen otra cosa que darle un marco de legalidad al atropello llevado a cabo contra la voluntad popular. Además, una insurrección frente al gobierno electo, sería condenada como un ataque a la institucionalidad y a la democracia.
Se trata de un círculo del que es casi imposible salir. Si, por vías electorales, quien asume la presidencia no se corresponde con los intereses de los sectores dominantes, este es depuesto para luego llamar a otras elecciones, hasta que finalmente, triunfe quien sea un leal representante de dichos intereses. Si estos son los términos que pueden comenzar a primar en la vida política de América Latina, la democracia se volvería poco más que una farsa, un juego perverso en el que las corporaciones económicas siempre ganan mientras que el Pueblo tiene pautada la derrota de antemano.
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