Del «82% móvil». O del Nuevo Congreso con «¿mandatos inconfesables?». O… de los «Espejitos de Colores» rojo, rojo-blanco, naranja, verde, amarillo y azules y blancos variados, entre otros… Y que hacen que uno prefiera siempre los colores del Arco Iris.
Claudio Peralta
Hace muy poco, llega a mi casilla de correo una inquietud de un amigo acerca de la veracidad de la posible sanción de un proyecto de ley sobre el 82% móvil o, más bien «del salario mínimo, vital y móvil» para jubilados… Grande era el entusiasmo de mi amigo pese a que él podría superar por largo el monto de jubilación que marca el mínimo, vital y movil…
Dados mis habituales «cuelgues», le respondí que existían varios proyectos de ley que esperaban tratamiento parlamentario y pretendían restablecer ese régimen jubilatorio para diversas ramas de actividad, destruido por un planificado desfinanciamiento del estado nacional que se corona en los ’90, para decirlo con corrección política, o, en criollo, destruido por una cadena de dictaduras militares y gobiernos democráticos, incluidos los posteriores al año ’83, que deliberadamente desde hace más de medio siglo vaciaron al Estado y se robaron todo…
La labor legislativa —no importa de quién porque el régimen jubilatorio no es una «propiedad ideológica» o, más bien debo decir, «retórica» de nadie; esto debieran saberlo los esclarecidos analistas de la realidad que pueblan, vanamente orgullosos de una oportunista e ignorante infalibilidad papal, el congreso de la nación (sí, con minúsculas)—; decía, pues, que la labor legislativa se había encargado de generar y canalizar estos proyectos. Casi todos prevén la «restitución del 82% móvil» clásico con un mecanismo de financiamiento por parte de los trabajadores en actividad que deben incrementar en dos puntos el porcentaje de sus aportes previsionales a fin de sostener su viabilidad a lo largo del tiempo y no repetir la historia que llevó a la destrucción de las cajas previsionales y al colapso financiero del estado… y al «estado ausente»: ¿Recordarán estas expresiones con la que se llenaban la boca antaño algunos Sres. diputados y senadores que hoy, extrañamente, se acordaron de reivindicar aquella vieja conquista?
Cómo será de difícil este asunto que estos mismos proyectos que prevén ese autofinanciamiento parcial generan no pocos resquemores en las filas de los funcionarios del Ejecutivo Nacional. Pese a sus cavilaciones sé de su voluntad política de llevarlo a cabo y también de sus negativas a ponerle plazos inmediatos a su discusión y sanción. La situación de las cajas previsionales hacia los ’90 está aún fresca, temen con alguna razonabilidad. Y sería necio políticamente, es cierto, embarcarse a tontas y a ciegas en un régimen que nos puede conducir a otro colapso que nadie allí quiere, genuinamente, volver a repetir, del mismo modo que no hay sector social que quiera volver a repetir, con sus conductas políticas o sectoriales, los episodios hiperinflacionarios de ese pasado que debemos ya dejar definitivamente atrás porque le cabe aquello de Sábato de que todo tiempo pasado fue peor… más allá de las naturales y románticas simpatías y empatías con dirigentes de la época vivos o muertos.
Por ello, semejante decisión política del Estado —no de un gobierno o de un Ejecutivo en particular— debe requerir necesariamente de tiempo, del tiempo que posibilite sopesar bien todos los aspectos de la decisión y dotarla de viabilidad pero, particularmente en este caso, de viabilidad financiera reforzado con la creciente reorganización de los trabajadores en los últimos años. Nos refieren que se trabajó concienzudamente en ello y, dados los antecedentes de los funcionarios y los legisladores implicados—incluidos unos cuantos de la oposición que, pese a la inteligente estrategia de sus cúpulas partidarias comparten esos proyectos—, no me cabe la más mínima duda de que así sea. Así el proyecto de los docentes universitarios —y nótese el carácter exploratorio de la decisión que encierra esta actividad— fue sancionado y resulta una fórmula sumamente viable y con mucho consenso social de base pese al incremento de esos aportes. El mismo consenso que existe en los otros sectores que están a la espera de la sanción de los proyectos que son de su incumbencia. El mismo consenso que hay en otras actividades concientes de que si se generaliza progresivamente el régimen no quedará más camino que incorporarlos también a ellos por aquello de las condiciones más favorables, expresión bastante exorcizada de varios demonios en el lenguaje laboral en los últimos años de este gobierno. Ésta es la razón por la que el ejecutivo nacional tiene mucha razón y piensa en términos estratégicos al concebir un proceso gradual de restitución, le guste o no a la oposición y pese a su ¿comprada? crispación (vaya curiosidad psicoanalítica). Consenso, incluso, que está dispuesto a esperar el tiempo que sea con tal de que, finalmente, sea sancionado y recobrar así un modelo previsional basado en la genuina justicia distributiva o justicia social, si le gusta más. No de otra manera, por otra parte, fue el proceso que culminó en la sanción de la Ley 14.499: Empezó por algunos sectores, luego se generalizó y, finalmente, fue universalizado… ¿O es que no lo sabían? Miramos para otro lado… particularmente cuando se tuvo la oportunidad de ser gobierno ¿No?
Por consiguiente, nada hay aquí que comprometa la posible alternancia democrática ni ésta debiera comprometer el éxito del camino emprendido hacia la restitución del genuino 82% móvil porque es un aspecto que hace al bienestar de todos los ciudadanos y, por lo tanto, se trata de una «política de estado», más que de presunciones ideológicas o retóricas, que obviamente no hemos de negar porque es evidente que ni a los liberales (en sus versiones neo o sólo retóricamente socialistas) ni a los sectores hegemónicos de esta sociedad tal estado de justicia no le cuadra ni le cuadrará nunca. Es más, debiera comprometer a los partidos de oposición aspirantes al poder en el futuro si son coherentes a su presunta opción por la «causa del campo popular». Debo confesar que, en este punto, esto tiende producirme una irresistible carcajada después de 27 años de práctica democrática y de algunas conductas observadas en ocasión del tratamiento de la Resolución 125 y de la Ley de Medios.
Sin embargo, esos proyectos duermen en el Congreso ya porque había «cosas más importantes» como, por ejemplo, delinear la oposición una «nueva estrategia» parlamentaria que el nuevo escenario electoral de 2009 —exclusivamente de carácter parlamentario— imponía… Cosa de la que ya, afortunadamente para nosotros, no se habla más en esas lamentables conferencias montadas por la prensa independiente y cuyo «costo» aún es imposible de determinar: Veremos después del 2011… ¿No, muchachos? Ya porque, también, seguramente debe de haber otras «prioridades parlamentarias» que requieren del lúcido concurso de las probidades intelectuales en matemática aplicada a la economía del sector público de los Sres. Legisladores...
Entre esas «prioridades» ha aparecido de la nada, con declaraciones de prensa estridentes, para variar, e ignorando intencionada y soberanamente el «horneado» seguro de aquellos proyectos de ley, el que promueve la oposición política, ampliamente difundida por la prensa independiente… pero escasamente descripto y explicado. Se impone aquí una pregunta que dejo a vuestra consideración: ¿Por qué no se explican todas las variables previsionales y de gasto recurrentes al proyecto a corto y a largo plazo y sólo se cae en el fácil «ANSES tiene la plata» o «mejor financiar con fondos del Tesoro esta jubilación para que el gobierno no gaste toda esa plata —para decirlo tal como lo piensan— en ‹tetra› y ‹chori› o en ‹fútbol para todos›»?
Para su perplejidad, no voy a aseverar técnicamente nada acerca de ese proyecto de 82% del salario mínimo, vital y móvil… No vale la pena, porque es banal y se puede encontrar mucho para que saque Ud. sus propias conclusiones. Es de fácil lectura con lo cual ya tenemos un indicio de que no es serio en este preciso sentido: Es fácil y «oportuno» en el corto plazo —y hasta por ahí nomás— y es retardatario y regresivo respecto de los derechos previsionales de los trabajadores, en el largo plazo.
Tres posibles explicaciones encuentro para esta «novedad», seguramente estudiada y realizada por sus autores en todo este tiempo de silencio o en los hoteles de Sudáfrica:
O la idea es, por un lado, entrampar (y empomar) a los futuros jubilados en futuras y caprichosas decisiones en torno al mínimo, vital y móvil de los próximos Ejecutivos, cuando bien pueden quedar progresivamente «enganchados» a un marco de permanente, racional y obligada negociación colectiva… y, por otro lado, en la perspectiva del financiamiento del sistema de largo o mediano plazo, abrir la posibilidad de que el proyecto, dada su inviabilidad financiera, suponga la restauración del infame sistema de AFJP’s o un sistema alternativo, que, sea como fuere, implicará siempre un retroceso —con relación a lo que en los últimos años se viene barajando en materia previsional con genuina voluntad política que incluye a miembros de la oposición— y, en definitiva, a desfinanciar nuevamente al estado. En este sentido, creo, que se ve perfectamente qué mueve a la venerable oposición. Se ve todo… Lo que aparentemente es un mero voluntarismo cortoplacista y demagógico de dudosos réditos políticos o electorales en lo inmediato, a futuro es un verdadero Caballo de Troya.
O el concepto es buscar deliberadamente el veto presidencial —veto que es imperativo hacer si lo sancionan— a esa porquería financiera de proyecto que desprecia a los jubilados y al trabajo de toda la vida y, por lo tanto, al trabajo mismo, con el solo fin de poder enrostrarle «retóricamente» al gobierno un presunto conservadurismo que no viene al caso excepto por las necesidades retóricas de una buena parte de la oposición que no termina de encontrarse a sí misma… Lo cual es manifiestamente estúpido y pone a varios de esos partidos, tan orgullosos de su identidad progresista en el campo popular, en la tradición infantil, reaccionaria y antipopular de las peores y presuntuosas «izquierdas» que este país supo engendrar o, lo que es lo mismo, los asimila a la cínica alineación que hacen los Macri, los Duhalde (y meta aquí al que se le ocurra) respecto a este proyecto para los pobres viejitos…
O ambas cosas.
Por consiguiente, contra lo que las apariencias suponen, no hay ninguna contrariedad sino una sutil coherencia entre éste y otro proyecto de la oposición política que ahora tiene prioridad parlamentaria, a saber: La eliminación o reducción de las retenciones a las exportaciones… El círculo, pues, se cierra…
En definitiva, el proyecto en sí mismo no importa porque no resiste el más mínimo análisis de política pública y esto es así porque es meramente una «pose» estúpida motivada en necesidades «retóricas» que terminan por ser funcionales a verdaderos intereses que conducen a regresivos ajustes y al vaciamiento del estado… De algún modo —deben saberlo— esto tendrá su costo político–electoral… Si son concientes de todo ello, no los hace menos idiotas; si no lo son, doblemente idiotas…
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